La PAGCOR afirma que los grupos delictivos extranjeros son una amenaza para la seguridad, no los POGO; los senadores filipinos piden una prohibición total

La Coporación Filipina de Entretenimiento y Juego (PAGCOR) centra el foco de atención de los operadores legítimos de juego en el extranjero, conocidos como POGO, a los sindicatos de piratas informáticos y estafadores extranjeros (AHaSS) como principal amenaza para la seguridad nacional. En un comunicado de prensa, el presidente y director general de la PAGCOR, Alejandro Tengco, subrayó la importancia de distinguir entre operadores con licencia y entidades delictivas.

“Para nosotros, la verdadera amenaza son los sindicatos de piratas informáticos y estafadores que operan en la clandestinidad. Nuestras fuerzas del orden los intentan localizar y desmantelar”, declaró Tengco. Destacó que los titulares legítimos de licencias de juego por Internet (IGL) contribuyen significativamente a los ingresos del gobierno y suma más de 5 mil millones de pesos (79 millones de euros) a los ingresos brutos de la PAGCOR en 2023.

Cooperación con las autoridades

Tengco aseguró al público la plena cooperación de la PAGCOR con las fuerzas del orden en la lucha contra estos sindicatos delictivos. Instó a los ciudadanos a informar de cualquier actividad sospechosa en sus comunidades y se?aló que los grupos delictivos suelen ir armados y son peligrosos.

“No debemos culpar ni demonizar a nuestros operadores de juego con licencia, porque PAGCOR los vigila de cerca”, explicó Tengco. “Nuestros titulares de licencias pagan impuestos y ayudan a proporcionar empleos legítimos y medios de vida a mucha gente”.

Control y cumplimiento estrictos

La PAGCOR ha puesto en marcha medidas estrictas de control para garantizar que los operadores de juego con licencia cumplan las normas reglamentarias. Tengco mencionó que la PAGCOR ha integrado equipos de vigilancia en los locales físicos de todos los operadores con licencia, incluidos los casinos terrestres, para garantizar el cumplimiento de las condiciones de sus licencias. Quienes infrinjan las disposiciones se exponen a multas y sanciones y, en casos graves, a quedarse sin licencia e incautarse la fianza.

“No necesitamos ilegalizar los POGO; lo que tenemos que hacer es intensificar las operaciones de lucha contra la delincuencia contra los presuntos piratas informáticos extranjeros, contra los estafadores y los ciberdelincuentes que suelen esconderse en edificios y recintos de alta seguridad”, afirmó.

Centrarse en las amenazas reales

Tengco reiteró que estos grupos delictivos no se dedican a actividades legítimas de juego en el extranjero. “Estos grupos delictivos no se dedican en absoluto al juego extraterritorial y, si lo hacen, es de forma ilegal. Por lo tanto, ellos son la verdadera amenaza, y tenemos que perseguirlos con todo lo que tenemos”, concluyó.

Los senadores filipinos vuelven a pedir que se prohíban los POGO ante el aumento de la delincuencia

La declaración de la PAGCOR se produce mientras varios senadores filipinos renuevan su petición de prohibir los POGO en el país. Un medio de comunicación local informó de que el líder de la minoría en el Senado, Aquilino Pimentel III, ha reiterado su llamamiento para que el gobierno reconozca los importantes problemas asociados a los POGO y aplique rápidamente una prohibición de sus operaciones.

Pimentel recalcó la necesidad de una acción decisiva durante las audiencias en curso en el Senado sobre los delitos relacionados con la industria del juego en el extranjero. Criticó el planteamiento actual por ser excesivamente complicado e ineficaz, y subrayó que se tiene que priorizar una política clara que regule eficazmente el sector.

La senadora Risa Hontiveros, presidenta de la Comisión del Senado sobre la Mujer, la Infancia, las Relaciones Familiares y la Igualdad de Género, ha dirigido investigaciones, en particular sobre un centro de los POGO allanado en Bamban, Tarlac, el pasado mes de marzo.

Se defiende una prohibición total

Pimentel abogó por una prohibición total de las operaciones legales e ilegales POGO. Esto subraya la necesidad de una postura firme del gobierno y de investigaciones penales separadas basadas en pruebas.

Pimentel apoyó las recomendaciones de los senadores Hontiveros y Sherwin Gatchalian de implicar al Consejo de Seguridad Nacional a la hora de prohibir los POGO, aunque advirtió de que no debían declararse una amenaza para la seguridad nacional.

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